15, Oct 2008

Legislar la memoria

Libert_pour_lhistoire_2Timoth Garton Ash comenta en su artículo más reciente en el Guardian una  peligrosa práctica que se ha propagado en el mundo: legislar la memoria. Parlamentos que dictan leyes para recordar de cierta manera el pasado. El Estado impone el deber de recordar, y de recordar de cierto modo. Quien recuerde mal puede ser castigado por el Estado. Alarmados por esa tendencia, un grupo de historiadores ha levantado la voz para declarar lo siguiente:

La historia no debería ser esclava de la actualidad ni escribirse al dictado de memorias en conflicto. En un Estado libre, no le corresponde a ninguna autoridad política definir la verdad histórica y restringir la libertad del historiador bajo la amenaza de sanciones penales.

A los historiadores, les pedimos que unan sus fuerzas dentro de sus propios países y creen estructuras similares a la nuestra y que, de forma inmediata,  firmen individualmente esta declaración para  poner fin a la deriva de las leyes sobre la memoria.

A los políticos, le pedimos que sean conscientes de que, si bien es responsabilidad suya  mantener la memoria colectiva, no deben instituir, por ley y en relación al pasado,  verdades de Estado cuya aplicación judicial pueda tener  graves consecuencias para el oficio  de historiador y para la libertad intelectual en general.

En una democracia, la libertad para la Historia es la libertad de todos.

El documento contra la policía de la memoria lo firman, entre otros, Carlo Ginzburg, Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff y el propio Garton Ash. Libertad para la historia tiene esta página en francés.

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3 Comentarios

  1. Gamaliel dice:

    ¿alguien dijo George Orwell?

  2. Facundo Bey dice:

    Podría copiar este post y publicarlo en mi blog haciendo referencia a este blog como fuente?

  3. Pablo dice:

    El tema de la «legislación de la memoria» me parece interesantísimo -y también preocupante, pues al cobijo de las buenas intenciones son cada vez más los países que están buscando, de una manera o de otra, imponer una interpretación obligatoria del pasado. Aquí habría que traer a cuento también la «judicialización de la memoria», que no es sino otra manifestación del mismo fenómeno. Hace unas semanas, por ejemplo, un tribunal ruso «rehabilitó» al zar Nicolás II, al juzgar que su ejecución en 1918 había sido un acto arbitrario y represivo de la revolución bolchevique. Esta decisión es interesante no tanto porque le hayan hecho justicia -con 90 años de retraso- al zar ejecutado por los revolucionarios, sino porque es un ejemplo de cómo las leyes sobre la memoria tienen un objetivo político muy preciso -en el caso en comentario, reforzar los vínculos entre Putin y la Iglesia ortodoxa rusa, cuyo vocero declaró abiertamente que esta sentencia «reestablece la continuidad histórica y las tradiciones milenarias del Estado».
    Sin duda este fenómeno no es nuevo, pues no hay régimen político que se precie que no haya buscado legitimarse mediante una cierta lectura de la historia. Las preguntas que aquí me parecen relevantes son las siguientes: ¿cuál es el límite del poder legislativo del Estado? ¿Qué ámbitos no puede regular y por qué? ¿Con qué defensa jurídica cuenta un historiador que trasgrede las interpretaciones del pasado impuestas mediante la legislación? ¿Puede un tribunal tener competencia para calificar su trabajo? Otro asunto de fondo es la concepción de la ley que se esconde detrás de los esfuerzos por regular la memoria: ¿es la ley un simple instrumento técnico para resolver problemas sociales o es una manifestación solemne de la «identidad colectiva del pueblo»? En México hemos visto un muy buen ejemplo de este problema en las discusiones sobre el artículo 27: hace no pocos meses hubo toda una polémica acerca de si podía reformarse este artículo o no. Para unos, el artículo 27 debe reformarse en tanto ello contribuya a crear un marco jurídico adecuado para la explotación eficiente de los recursos naturales. Para otros, tocar el artículo 27 es un sacrilegio, pues dicho artículo recoge «las aspiraciones esenciales» y «las decisiones fundamentales del pueblo mexicano» que por lo visto se alzó con una voz únanime, clara e infalible al terminar Revolución mexicana.
    Por si les interesa, les paso el link de la noticia sobre Nicolás II y también la referencia de un artículo de Jean Meyer sobre este tema:
    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/01/internacional/1222859441.html
    Jean Meyer, «La historia al servicio de…» en Istor, no. 29, verano de 2007.
    Saludos,
    Pablo

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