11, Abr 2010

Más del encubridor

Ratzinger firmaAparecen nuevas evidencias de la responsabilidad del papa Benedicto XVI en el encubrimiento de criminales. El reverendo Stephen Kiesle fue condenado por atar y violar niños en una iglesia de California. El papa fue renuente en expulsar al sacerdote, aún bajo la insistencia del obispo de Oakland. Lo revelador de este caso es que la posición de Joseph Ratzinger puede conocerse a través de una carta que ya es pública. El entonces cardenal acepta la gravedad de la acusación y la solidez de los argumentos para remover al sacerdote, pero advierte que debe protegerse el bien de la Iglesia Universal. La carta lleva la firma del hoy papa. No se puede seguir culpando a las autoridades locales del encubrimiento. La responsabilidad llega a la cúpula. 

Christopher Hitchens y Richard Dawkins creen que el caso amerita, ni más ni menos, que el arresto del papa. Su próxima visita a Inglaterra debería ser aprovechado para emplear el precedente de Pinochet.

En El país semanal, Javier Marías comenta la manera en que las autoridades de la Iglesia han tratado de responder al escándalo.  

La reacción más taimada ha sido la del propio Papa, quien ha quitado importancia a esos abusos recurriendo a la cita evangélica “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, como si su Iglesia no llevase siglos tirando piedras contra todos los pecadores (según su criterio), aterrorizándolos con la amenaza del infierno, persiguiendo a disidentes y herejes, quemándolos de vez en cuando, forzándolos a abjurar de sus convicciones, expulsando a los que se desviaban del dogma, imponiendo a creyentes y a no creyentes su fe y su concepción de la moral, obligando a todos a cumplir con sus preceptos, dictando leyes a su conveniencia. ¿Por qué se hace hincapié en los delitos sexuales cometidos por eclesiásticos? Porque éstos llevan la vida entera haciendo hincapié en los “pecados” de los demás, y han condenado y castigado con dureza sus faltas y debilidades. Porque son ellos quienes en buena medida han decidido qué era delito y qué no. Porque ellos han reclamado secularmente –y en España siguen, hasta donde pueden– la exclusividad en la formación, enseñanza y adoctrinamiento de los niños. Porque a lo largo de la historia han dicho o exigido a los padres: “Entregadnos a vuestros vástagos, somos lo mejor para ellos”.

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5 Comentarios

  1. Un lector asiduo de Chucho Silva-Herzog dice:

    De nuevo, Jesús, te dejas llevar por el coraje y por el New York Times. No voy a tratar de convencerte, pero al menos quiero traducir a tus lectores lo que dice esta noticia. Reconstruyamos primero los hechos, según se describen en los reportes del NYT y de Associated Press:
    1) En 1978, el sacerdote Stephen Kiesle acepta su culpabilidad en un juicio civil en el estado de California, que se le sigue por “conducta lasciva” contra dos muchachos (en inglés: “tying and molesting two boys”). Ojo: el expediente no dice nada sobre el delito de violación, pues en ese caso el tribunal de California no lo hubiera sancionado con tres años de libertad condicional. Advierto a los lectores que no estoy defendiendo a Kiesle: su conducta me parece repugnante en todos los sentidos.
    2) Tras gozar de una licencia de tres años, Kiesle volvió a la diócesis de Oakland y pidió al obispo la dimisión del estado clerical. La nota no dice nada sobre una suspensión en el ejercicio del ministerio. Tras reunir informes acerca del sacerdote, en 1981 el obispo envió su expediente a la Santa Sede, a la cual compete resolver la solicitud.
    3) La información no dice cómo llegó este asunto a la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues lo normal es que hubiera sido resuelta por la Congregación para el Clero. Tan sólo sabemos que en 1985 el cardenal Ratzinger recomendó una “consideración más cuidadosa” antes de conceder la dimisión del estado clerical a Kiesle.
    4) La solicitud sería concedida finalmente en 1987 (no sabemos por quién). Sin embargo, en el ínterin la propia diócesis de Oakland autorizó que Kiesle prestara sus servicios en la parroquia de St. Joseph, como voluntario en el “ministerio para los jóvenes”. Nota importante: la carta de Ratzinger no señala en ningún momento que Kiesle debía seguir ejerciendo con normalidad su ministerio –no sabemos si el obispo le hizo alguna pregunta al respecto.
    Antes de exponer mi interpretación, vale la pena ofrecer a los lectores una aclaración importante. En derecho canónico, hay una diferencia entre la “dimisión del estado sacerdotal” y la “suspensión en el ejercicio del ministerio”. La ordenación sacerdotal, como sabe cualquier católico, es un sacramento que “causa estado de vida”, como el matrimonio. La ordenación “imprime un sello” sobre la persona, de modo tal que “una vez recibida, la ordenación sagrada nunca se anula”. Ahora bien, como sucede en el caso del matrimonio, es posible que un sacerdote pierda el estado clerical en circunstancias excepcionales: por ejemplo, si se prueba que su ordenación fue inválida, o bien por “rescripto de la Santa Sede”, cuando existen causas graves.
    Es importante tener en cuenta que la pérdida del estado clerical no es la primera ni la mejor manera de sancionar a un clérigo delincuente. Un sacerdote legítimamente ordenado puede ser suspendido en el ejercicio de su ministerio: todo obispo tiene la autoridad para prohibir a un presbítero que ejerza el ministerio para el que fue ordenado. En los casos más graves, las autoridades diocesanas imponen suspensiones “a divinis”, para toda la vida. Fue lo que sucedió, por ejemplo, con Marcial Maciel: en ningún momento se le privó del estado clerical, y se le sentenció más bien a una vida de oración y penitencia, prohibiéndosele además ejercer “todo ministerio público”. Normalmente, cuando hay una investigación en curso acerca de la conducta indebida de un sacerdote, el obispo le impone una suspensión en el ejercicio de su ministerio, por el bien de la propia comunidad. En todos los casos de pederastia, fue éste el momento clave: los obispos, para evitar el escándalo, optaban por transferir al sacerdote a otra parroquia, antes que suspenderlo en el ejercicio de su ministerio.
    ¿Qué nos dice esta historia? En primer lugar, es un testimonio directo de la política general seguida durante el pontificado de Juan Pablo II. Como es sabido, durante el pontificado de Pablo VI hubo miles de sacerdotes que solicitaron al Vaticano la dimisión del estado clerical, normalmente a fin de contraer matrimonio. Pablo VI concedió la inmensa mayoría de estas solicitudes, lo cual se tradujo en una disminución notable del clero en muchas diócesis. Juan Pablo II, sin embargo, consideró que esta migración de sacerdotes era un signo de que algo estaba muy mal en la Iglesia, e instruyó a las congregaciones respectivas que sólo en casos excepcionales se otorgara esta concesión. En el caso de Kiesle, la historia nos indica que finalmente el Vaticano (¿la propia CDF?) le otorgó la dimisión del estado clerical, sólo que tras un largo proceso de seis años.
    ¿Encubrió el cardenal a Kiesle? En este caso ni siquiera hay un “encubrimiento” propiamente dicho, pues el sacerdote ya había sido sancionado públicamente por la justicia civil de California. Lo que estaba en juego era el “estado” del sacerdote, no su autorización para ejercer el ministerio sacerdotal. Hago un paralelo “laico” para ilustrar mejor este punto: supongamos a un abogado que trabaja en la PGR y que es acusado de colaborar con narcotraficantes. En un mundo ideal, el abogado presentaría su renuncia o sería suspendido o incluso encarcelado, mas no perdería su título de licenciado en derecho. Pues bien, con este cura sucede lo mismo: el obispo no preguntó a Ratzinger si Kiesle podría volver a trabajar con jóvenes, sino más bien si procedía su “secularización”. En sintonía con la directriz papal, Ratzinger contestó que el caso no tenía una respuesta sencilla, y tardó dos años más en conceder la solicitud de Kiesle.
    Lo que más me llama la atención en esta historia es que la propia diócesis de Oakland haya autorizado el “trabajo voluntario” de Kiesle en la parroquia de St. Joseph. Es un error grave y directamente atribuible a las autoridades diocesanas, no a la CDF. Y esto me lleva a una observación final: por su carácter confidencial, la carta en cuestión sólo pudo ser filtrada por la diócesis de Oakland, que a fin de limpiarse las manos por este error evidente, busca cargarle el muerto a Ratzinger. Es una estrategia inteligente, y que cuenta a su favor con la indignación de la opinión pública mundial, que previsiblemente desconoce el contexto y las dimensiones canónicas del caso. Llevar a Benedicto XVI al patíbulo es buena noticia para muchos: para Dawkins y la progresía mundial, porque confirma su profunda antipatía hacia este personaje; para los sacerdotes y autoridades diocesanas directamente culpables de los abusos y encubrimientos, porque les permite ganar tiempo e impunidad desviando la atención mundial a Roma: no fuimos nosotros, ni Kiesle, todo fue culpa de Ratzinger. Te aseguro que hay un sector importante del clero que se frota las manos previendo el pronto final de este pontificado (y de todas las investigaciones en su contra). Jesús: nadie sabe para quién trabaja.
    Tu lector

  2. jshm dice:

    Le agradezco de nuevo al Lector las precisiones, correcciones y explicaciones. Le pregunto simplemente si el Derecho Canónico obligaba a Ratzinger a poner el «bien de la Iglesia Universal» por encima de la protección de los niños.¿Cómo debe traducirse esa expresión de la carta de 1985?
    ¿En qué sentido la corta edad del sacerdote ¡38 años! debe considerarse para tratar de evitar «el daño que puede provocar en los fieles de la comunidad de Cristo.»?
    La cronología que precisas y la normativa canónica que explicas es, desde luego, relevante. Pero aquí hay una carta y una firma.
    La enemistad que provoca un sujeto de poder no invalida los argumentos con los que se le crítica. ¡Por supuesto que hay intereses detrás de las denuncias! El tema no es ese. El punto es si tiene fundamento. Yo sigo creyendo que sí. Que muchos deseen la caída de Benedicto XVI no significa que carezcan de razón.

  3. Un lector asiduo de Chucho Silva-Herzog dice:

    Respuesta:
    Volvamos a la cronología y los hechos: la solicitud que llega ante la CDF es la del propio Stephen Kiesle, quien deseaba dejar el sacerdocio (no sabemos por qué: si por proteger a los demás de sí mismo, o para casarse: creo que los hechos indican que se trata de la segunda opción, pues Kiesle contrajo matrimonio al poco tiempo de conseguir la dispensa del estado clerical). Insisto en este punto, pues la lectura que le estás dando a la historia es muy diferente: Kiesle y su obispo, preocupados por el bien de la niñez de su diócesis, piden secularizar al sacerdote; Ratzinger, en su obstinación, insiste en que, «por el bien de la Iglesia», siga a cargo del cuidado pastoral de la juventud. Claramente, ésta no es la historia detrás del documento.
    En ningún momento la carta sugiere que la CDF estuviera ponderando la mayor importancia de dos bienes distintos: el bien de la Iglesia universal, o el bien de los niños. Se entiende que el bien de los niños se garantiza fundamentalmente por medidas disciplinarias (la suspensión definitiva) que la diócesis tuvo que haber adoptado desde 1978 (y que, por lo visto, parece que no adoptó). La secularización de Kiesle, como te apuntaba antes, no era la única forma de proteger a posibles víctimas.
    Preguntas entonces: «¿Cómo debe traducirse esa expresión de la carta de 1985?» La carta, me parece, hace referencia a la directriz papal de restringir al máximo la secularización de sacerdotes, precisamente por «el bien de la Iglesia universal». No significa que se deba readmitir al sacerdote en una parroquia, o que se le deba encubrir para no afectar el prestigio de la diócesis, que ya bastante manchado estaba tras el juicio penal de 1978 contra Kiesle. No era necesario encubrir a un sacerdote cuyas fechorías eran pública y judicialmente reconocidas. De hecho, no había impedimento para que el caso se hubiera quedado así por muchos años más: sin perder el «estado» clerical, Kiesle pudo haber sido sancionado por su obispo con una «suspensión a divinis», lo cual implicaba su alejamiento de cualquier ministerio público. La documentación filtrada, vuelvo a repetir, no sugiere de ninguna manera que la CDF pidiera que Kiesle fuera reasignado a una parroquia. Al final, es decir, dos años después, la propia Santa Sede (supongo que la CDF) opta por deshacerse definitivamente de Kiesle y le concede la solicitud deseada. Años después, ya casado, Kiesle vuelve a acosar menores y acaba en la cárcel: cuando reincidió en su delito, ya no estaba sujeto a la jurisdicción canónica del obispo o la Santa Sede.
    Hago mención de los intereses detrás de las denuncias, porque estos explican que se hayan presentado los hechos de una manera distorsionada, tratando de pintar al entonces cardenal Ratzinger como un encubridor de curas pederastas, que se obstinó en rechazar una petición bienintencionada del obispo de Oakland. Por supuesto que «la enemistad que provoca un sujeto de poder no invalida los argumentos con los que se le crítica». Estoy totalmente de acuerdo: los argumentos sólo pierden peso cuando están apoyados en una lectura pobre -y en último término falsa- de los hechos.
    El lector
    P.S. Me tomo la licencia de adjuntar a los lectores un link que acaba de publicar el Vaticano y que contiene documentación eclesiástica sobre abuso de menores:
    http://www.vatican.va/resources/index_en.htm

  4. Alberto Díaz M. dice:

    Las reflexiones de la progresía parten de su animadversión hacia Benedicto XVI. La interpretación de los hechos se hace de manera que ratifique y exacerbe dicha animadversión. Dan por sentado que Benedicto XVI es culpable. Sus reflexiones no son más que el acomodo, a veces acrobático, de los datos a sus inculpaciones prefabricadas. En este sentido sus métodos no difieren del dogmatismo católico que tanto dicen abominar. En el caso particular de Stephen Kiesle no me queda claro el uso del término “encubrimiento” cuando dicho sujeto fue juzgado por las autoridades civiles y, en 1987, reducido al estado laical por las autoridades eclesiásticas. Si el propósito era encubrir a Kiesle, ¿cómo se explica la medida tomada en 1987? Acaso se pueda hablar de tortuguismo en los procesos internos de la Iglesia, no de encubrimiento.

  5. Julián Béistegui dice:

    Dos preguntas para «El Lector»
    1. ¿por qué no pones tu nombre?
    2. Tu que tanto sabes de derecho canónico, ¿crees en la infalibilidad papal?

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