15, Abr 2010

¡No callar!

Hans-kung El teólogo Hans Küng publica en distintos diarios del mundo una extraordinaria carta abierta a los obispos. Detalla puntualmente las muchas oportunidades perdidas de Benedicto XVI en su lustro como pontífice. En relación al punto que recogía en la nota previa, Küng dice: "No puede silenciarse que el sistema de ocultamiento puesto en vigor en todo el mundo ante los delitos sexuales de los clérigos fue dirigido por la Congregación para la Fe romana del cardenal Ratzinger (1981-2005), en la que ya bajo Juan Pablo II se recopilaron los casos bajo el más estricto secreto. Todavía el 18 de mayo de 2001, Ratzinger enviaba un escrito solemne sobre los delitos más graves (Epistula de delitos gravioribus) a todos los obispos. En ella, los casos de abusos se situaban bajo el secretum pontificium, cuya vulneración puede atraer severas penas canónicas. Con razón, pues, son muchos los que exigen al entonces prefecto y ahora Papa un mea culpa personal." Al final de su mensaje hace una serie de propuestas a los obispos. La primera:

No callar: en vista de tantas y tan graves irregularidades, el silencio os hace cómplices. Allí donde consideréis que determinadas leyes, disposiciones y medidas son contraproducentes, deberíais, por el contrario, expresarlo con la mayor franqueza. ¡No enviéis a Roma declaraciones de sumisión, sino demandas de reforma!

(Espero con impaciencia el comentario de El Lector.)

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3 Comentarios

  1. El lector asiduo dice:

    Con gusto, Jesús.
    Comento primero la acusación de Hans Küng sobre el “sistema de ocultamiento” respecto a delitos sexuales del clero. En su breve mención de este tema, Küng cita la Carta sobre delitos graves de mayo de 2001, y podríamos incluir aquí también el motu proprio sobre tutela de la santidad de los sacramentos, promulgado el mismo año. ¿A qué se refieren estos documentos? (Pueden consultarse en latín en la página web del Vaticano; una traducción al español se encuentra en: http://www.iuscanonicum.org).
    Estos documentos se refieren a juicios penales canónicos. Primero un poco de historia. Con anterioridad a 2001, la CDF tenía una jurisdicción reservada tratándose de delitos contra la celebración de los sacramentos. En el caso que nos interesa, se trataba del delito de “solicitación”: “el sacerdote que, durante la confesión, o con ocasión o pretexto de la misma, solicita al penitente a un pecado contra el sexto mandamiento”. La jurisdicción era reservada porque esta acción se considera un delito gravísimo, que atenta contra la santidad del sacramento de la penitencia. Pues bien, la novedad de los decretos de 2001 radica en que amplían la competencia de la CDF, que a partir de entonces conoce también de los “delitos contra el sexto precepto del Decálogo con un menor de dieciocho años cometido por un clérigo”. ¿Por qué razón se amplió la jurisdicción de la CDF? Precisamente para endurecer la persecución canónica contra el abuso de menores por parte de clérigos. Tras las investigaciones a raíz de los escándalos en Estados Unidos, se determinó que las autoridades y tribunales diocesanos habían fracasado muchas veces al momento de castigar estos delitos. Estos errores de las autoridades diocesanas (por ejemplo: no dictar una suspensión permanente contra el clérigo acusado) se traducían en impunidad y en nuevas oportunidades para reincidir en la conducta delictiva. Por se consideró necesaria la intervención directa de Roma.
    ¿A qué tipo de “secreto” se refiere la Carta sobre delitos graves? Al secreto sobre la causa penal, que se refuerza al ser considerado “secreto pontificio”. Vamos a explicar esto. En principio, es importante recordar que, en derecho canónico, los juicios penales (no así las controversias ordinarias) se conducen bajo secreto en todas sus etapas. Lo dice claramente el numeral 1455 del Código de Derecho Canónico: “Los jueces y ayudantes del tribunal están obligados a guardar secreto de oficio en todo juicio penal… Más aún, siempre que, por la naturaleza de la causa o de las pruebas, pueda ponerse en peligro la fama de otros por la divulgación de las actas o de las pruebas… el juez puede obligar a guardar secreto bajo juramento a los testigos y peritos, así como a las partes y a sus abogados o procuradores”.
    ¿Cuál es la razón de ser de esta disposición? Como explica el “promotor de justicia” de la CDF, Charles J. Scicluna, el secreto procesal sirve “para proteger la buena fama de todas las personas involucradas, en primer lugar las mismas víctimas, y después los clérigos acusados, que tienen derecho —como cualquier persona— a la presunción de inocencia hasta que se prueba lo contrario”. Aquí conviene recordar a los lectores que el principio de presunción de inocencia es compartido por muchísimos ordenamientos penales. En teoría, antes de que un juez dicte sentencia firme, el derecho penal presume la inocencia del imputado, aún en aquel caso en que la totalidad de la opinión pública crea tener razones para pensar que el imputado es plenamente responsable del delito por el que se le acusa.
    Debo añadir que el secreto procesal no es una figura exclusivamente canónica, pues existe también en el derecho procesal penal de los estados. La principal diferencia radica en que el derecho canónico extiende el secreto a todas las fases del juicio, mientras que los ordenamientos civiles lo suelen limitar a la fase de investigación preliminar, o sumario. Precisamente para proteger el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia del acusado, muchos sistemas penales reconocen el llamado “secreto de sumario”. Según la Ley del Enjuiciamiento Criminal española, por ejemplo, las diligencias del sumario (esto es, de la fase de investigación preliminar) serán secretas hasta que se abra el juicio oral. La ley establece multas e incluso responsabilidades penales para quien viole este secreto. Normalmente, el defensor y las partes afectadas pueden tener acceso al desarrollo de la investigación, pero existen situaciones en las que el juez de instrucción puede establecer el secreto de las actuaciones aún para los intervinientes en el proceso, aunque sólo por un tiempo limitado.
    Volvamos al tema. El secreto previsto en la Carta sobre delitos graves protege todo lo que sucede dentro del proceso penal. Esto no puede traducirse, bajo ningún motivo, en la obligación de encubrir al autor de un delito. Aquí está el verdadero meollo de la cuestión: ¿Puede entonces la autoridad eclesiástica denunciar a un clérigo indiciado ante un tribunal civil? ¿No constituye esta denuncia una violación del secreto procesal? El Código de Derecho Canónico, o los documentos citados, no contemplan este supuesto específico. En el Código, de hecho, sólo he encontrado una restricción absoluta tratándose del llamado “secreto confesional”. La pregunta que nos ocupa constituye entonces un problema de interpretación, que en la práctica se ha resuelto de manera afirmativa. Lo dice claramente el promotor de la CDF antes citado:
    “Una acusación recurrente hecha a las jerarquías eclesiásticas es que no denuncian también a las autoridades civiles los delitos de pedofilia que ellos alcanzan a conocer.
    En algunos países de cultura jurídica anglosajona, pero también en Francia, los obispos que saben que algunos sacerdotes han cometido delitos fuera del secreto sacramental de la confesión, están obligados a denunciarlos a las autoridades judiciales. Se trata de un deber pesado, porque estos obispos están obligados a realizar un gesto comparable al de un padre que denuncia a su propio hijo. A pesar de todo, nuestra indicación en estos casos es la de respetar la ley.
    ¿En los casos en que los obispos no están obligados por ley?
    En estos casos no imponemos a los obispos que denuncien a los propios sacerdotes, sino que les alentamos a dirigirse a las víctimas para invitarlas a denunciar a estos sacerdotes de los que han sido víctimas. Además, les invitamos a proporcionar toda la asistencia espiritual, pero no sólo espiritual, a estas víctimas. En un reciente caso concerniente a un sacerdote condenado por un tribunal civil italiano, esta Congregación sugirió precisamente a los denunciantes, que se habían dirigido a nosotros para un proceso canónico, que lo comunicaran también a las autoridades civiles en interés de las víctimas y para evitar otros crímenes”.
    Sospecharás seguramente de las palabras del promotor. En mi contra tengo a Hans Küng y a Paolo Flores d’Arcais, así que probablemente asumirás que el promotor dice mentiras, y que en realidad rige una normativa secreta que obliga a guardar silencio. La mejor prueba que puedo ofrecerte es precisamente el documento que cito en el comentario de ayer: la “Carta para la protección de niños y jóvenes” de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que claramente dispone que “The diocese/eparchy will comply with all applicable civil laws with respect to the reporting of allegations of sexual abuse of minors to civil authorities and will cooperate in their investigation. In every instance, the diocese/eparchy will advise and support a person’s right to make a report to public authorities”. Esta carta es de observancia obligatoria para las autoridades eclesiásticas de Estados Unidos, y en la práctica se ha cumplido rigurosamente. Tengo el gusto de conocer personalmente a uno de los obispos que participó en la redacción de la carta, y puedo asegurarte que en su diócesis se ha cumplido con estas medidas. Desconozco cuál sea la situación en otros países. Creo que la Iglesia alemana ha adoptado una normativa similar, y supongo que otras conferencias episcopales europeas seguirán la misma ruta. No tienen ningún tipo de impedimento canónico para hacerlo.
    Espero que esta respuesta sea suficiente. Hans Küng es un hombre brillante, pero también se equivoca.
    La carta que citas merecería un comentario de varias páginas, que no tengo tiempo de escribir. Me gusta mucho la parte final. Comparto plenamente su llamado a una reforma de la Iglesia: “Obispo, sacerdote o laico, todos y cada uno han de hacer algo para la renovación de la Iglesia en su ámbito vital, sea mayor o menor”. Al igual que Carlo Maria Martini o Gerald O’Collins (ambos jesuitas), Küng subraya acertadamente la necesidad de soluciones regionales y de una mayor colegialidad en las decisiones del Papa y los obispos. Aunque no estoy seguro que un nuevo concilio sea la mejor propuesta, pues (en tiempo histórico) han pasado muy pocos años desde el Vaticano II y aún falta mucho para dar por concluida su implementación.
    Algunas críticas del principio son fundadas, pero otras sólo repiten los lugares comunes de la prensa. Sobre la Fraternidad de Pío X o la misa medieval podría escribir largo y tendido, pero no quiero aburrir a tus lectores y además toda la información sobre el tema está disponible por internet: es absolutamente falso que se haya “readmitido sin condiciones” a los lefebvrianos, y suena casi ridícula la acusación del regreso a la liturgia tridentina. El 99% de las misas se siguen celebrando de acuerdo con las reformas litúrgicas del Vaticano II. Benedicto sólo autorizó que se utilizara el antiguo ritual por las comunidades que así lo desearan. Me ha tocado estar en misas solemnes del papa en Roma. Suelen ser en italiano, pero también hay ocasiones en que se utiliza el latín, así como el español, el inglés, el francés, el alemán, el árabe y el chino (en Pentecostés, por ejemplo). Küng, repito, no es la mejor fuente para conocer la realidad cotidiana de la Iglesia.
    Aquí la dejamos entonces. Te agradezco este largo debate, aunque me entristece ver que no me has hecho el menor caso en mi crítica principal: es mejor acudir a las fuentes originales que fiarse de las palabras de un comentarista o de las notas del periódico. Antes colgaste a Dawkins y Flores d’Arcais, hoy citas a Küng, pero a este paso terminarás suscribiendo alguna columna de Francisco Martín Moreno o Fernando Vallejo. Si fueras Jorge Ramos o Juan Enríquez Cabot me daría lo mismo, pero tú eres un hombre inteligente, al que admiro muchísimo, y que se ha ganado con justicia el respeto de sus lectores y colegas. Tu erudición me sorprende todas las semanas, y he disfrutado mucho la lectura de tus libros, pues reflejan esmero en la prosa y cuidado en la investigación. ¿Por qué no aplicas el mismo rigor cuando escribes sobre temas eclesiásticos? Me preocupa notar que los anticlericales de hoy ya no son como los de antes. Voltaire y Melchor Ocampo fueron adversarios formidables para la Iglesia no sólo por su inteligencia, su pasión y la gracia de su pluma, sino también porque eran cristianos cultos, que sabían lo suyo de teología, derecho canónico e historia eclesiástica (además de muchas otras cosas). Yo no te pido que seas cristiano, jamás se lo exigiría a nadie, pero sí te pido que conozcas mejor al objeto de tu animadversión. Hay que luchar contra la dictadura del lugar común.
    Afectuosamente,
    El Lector

  2. Leo CP dice:

    Sr. El Lector.
    Después de leer su amplísima respuesta, debo decir que la Iglesia se hubiera ahorrado todo ese teatro kabuki con un par de medidas rápidas y eficientes:
    1- Agarrar al presunto infractor de los pelos, llevarlo a la comisaría de policía más cercana y decirle al agente de guardia: señor, este hombre parece que está abusando de los niños de la Iglesia – escuela – seminario – grupo de ayuda. Por favor investíguenlo y si es culpable, enciérrenlo el tiempo que haya menester.
    2- Si las autoridades civiles lo declaraban culpable, ahora sí, aplicarle todos los juicios eclesiásticos que les parecieran necesarios y con más sencillez, porque ya sabrían en firme que más que dilucidar una culpabilidad, sólo tendrán que sancionar un culpable.
    Si hay algo que tiene irritada a una parte de la feligresía (y hay que admitirlo, a los comesotanas de toda la vida) es que la Iglesia puso la carreta por delante de los bueyes, privilegió entregarse al onanismo de estos «juicios eclesiásticos» (o como se llamen en la jerga del oficio), mientras las víctimas se retorcían entre el dolor y la humillación sin que la Iglesia les prestara más atención que el silencio o en el peor de los casos, la insidia y la amenaza.
    Apelando al «esprit de corps» del gremio sacerdotal, curas, obispos, arzobispos y en una de esas el mismo Papa, decidieron que lo primero que había que hacer era un proceso dentro de su fuero particulr, protegiendo «en vía de mientras» al delincuente, cuando el vía de mientras (como lo estamos viendo) pudo tomar décadas de algo que entre los laicos se llama impunidad.
    Estas explicaciones ampulosas sobre cual jurisdicción era la más apropiada para enjuiciar a un sacerdote suenan como las declaraciones inanes de cierto Procurador del Estado de México quien dice que no podía buscar pistas en la casa de una niña desaparecida porque… bueno, se estaba investigando una desaparición y no un secuestro, ¿verdad?
    Si la iglesia, públicamente se compromete a entregar a los delincuentes sexuales que sorprenda a la justicia penal, entonces sabremos que está haciendo algo en serio. De lo contrario la Iglesia quedará como una organización cobarde que prefiere la infamia a la justicia.

  3. Francisco Sánchez dice:

    Bravo por el El Lector. Sin embargo, me parece que el problema de fondo no merece la calidad del debate. A mi juicio el problema de fondo es muchísimo más sencillo: Si la iglesia, cualquier iglesia, quiere o no castigar a los sacerdotes delincuentes es problema interno de la iglesia. Es como si pidiéramos a los Boy Scouts que investiguen y sancionen a los guías que abusan de los niños a su cuidado, antes que lo hagan las autoridades civiles. Si tenemos tantas sospechas de que dentro de la iglesia hay delincuentes, ¿por qué no pedimos a las autoridades civiles que los investiguen como a cualquier ciudadano y en su caso, que los castiguen?

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