10, Feb 2020

Cuidar al árbitro

Tenemos todavía la elección del 2006 atorada en la garganta. Si no fuera una imagen tan gastada, habría que decir que es una herida que no ha cerrado. Han pasado casi quince años y aquellos recuerdos siguen dividiéndonos intensamente. La del 2006 es una elección que, de alguna manera, sigue sin resolverse. Parece imposible encontrar una memoria común, una evaluación compartida. En el caldo se mezclan los hechos que bombardearon el consenso de la transición. Lo recuerdo como una conspiración de deslealtades. Un embate a dos frentes contra las reglas básicas de la democracia. En la historia de esa conjura habría que registrar, entre otros hechos, el abusivo desafuero del alcalde del Distrito Federal; la ventaja que el candidato puntero se empeñó en dilapidar durante su campaña; la intervención ilegal del presidente y de las organizaciones empresariales más importantes del país; el larguísimo silencio de la autoridad en la noche del voto; la confusión y la competencia de las mentiras; la sentencia del tribunal electoral que identificaba la ilegalidad de la intervención del Consejo Coordinador Empresarial y los atentados del presidente Fox que, a juicio de los magistrados, puso en riesgo la validez misma de la elección; la protesta, la ocupación de la calle, la pedestre argumentación de los perdedores que nunca aportaron pruebas para fundar la pretensión de su victoria; aquel grito que mandaba al diablo a “sus” instituciones y el teatro de la autoproclamación.

La traumática elección del 2006 es el origen de una condena injusta del órgano electoral y de una persuasión torcida: las instituciones tienen dueño. Les sirven a ellos, los protegen a ellos, los benefician a ellos. De ahí que el programa alternativo implique explícitamente una ocupación institucional. No la búsqueda de nuevos equilibrios sino una conquista territorial. Si las instituciones fueron de nuestros enemigos, ahora serán nuestras. Los defensores del abordaje nos dicen que el voto que recibieron en el 18 no solamente lo justifica sino lo ordena: la nueva mayoría ha de imponerse en todos los ámbitos del Estado. El árbitro electoral habría de convertirse entonces en representante de la nueva mayoría. Así lo dice abiertamente una secretaria de estado: ninguno de los consejeros del instituto electoral nos representa. Solamente uno es nuestro y como es nuestro proyecta la voz de todos los mexicanos. No hay intento por disimular la intención: vamos por un instituto electoral que esté integrado por delegados gubernamentales. Eso es, a su juicio, un órgano democrático. En otras palabras: buscamos restaurar una comisión electoral que haga la voluntad del presidente.

La claridad con la que se expresa la secretaria de la función pública es una prueba más del peligro que corre la vida democrática cuando una fuerza política pretende someter al árbitro electoral. Ahí están, desde luego, las iniciativas presentadas formalmente que pretenden supeditar la actividad del árbitro al ritmo y la voluntad de la legislatura. Como toda institución, el órgano electoral está lejos de ser inmaculado. Pero es un patrimonio común. Una institución profesional y confiable que se convirtió, adentro y afuera, en modelo. Mucho perderíamos si fuera convertido, como algunos quieren, en palanca del presidente y su partido. Las amenazas son claras y la responsabilidad de la nueva mayoría es inmensa. En asuntos como éste advertimos la gravedad de mantener inactiva la Secretaría de Gobernación, esa dependencia que habría de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Cuando se dice que la captura del árbitro es una amenaza al juego democrático no se advierte que el peligro lo corran solamente las oposiciones. Un árbitro sin vocación de neutralidad, un árbitro que se asume delegado del poder (por legítimo o popular que sea) es un árbitro para todos temible. Los integrantes de la mayoría deberían sentirse tan amenazados como los miembros de la oposición. Un árbitro respetable y distante de las fuerzas en pugna; un árbitro dotado de sólidos contrapesos interiores, un árbitro capaz de argumentar con solidez sus resoluciones es la única garantía para que la competencia entre y dentro de los partidos se ajuste a reglas. Las facciones que hoy se disputan el gobierno de MORENA, deberían saberlo bien: solamente una autoridad independiente podría poner fin a las controversias. Si el árbitro es órgano de facción, el pluralismo habrá sido secuestrado.

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