17, Dic 2018

De autonomías

La democracia se alimenta de la sospecha. También se nutre de esperanzas, por supuesto, pero en el recelo encuentra su equilibrio. Las instituciones que desentonan de la voluntad mayoritaria son tan importantes como aquellas que pretenden expresarla. La democracia está en el voto que constituye gobierno y en las muchas instituciones y prácticas que lo restringen y vigilan. El brillante politólogo francés Pierre Rosanvallon ha propuesto un término para nombrar esa política de desconfianza. “Contrademocracia” llama, no a lo contrario a la democracia, sino al complejo de resistencias que se configuran en un régimen pluralista en contra del poder de los elegidos. Instituciones de vigilancia y de denuncia, instancias arbitrales, medios que develan los secretos, órganos técnicos diseñados para actuar con independencia de la presión popular. La democracia, a pesar de lo que dicen los demagogos, no supone, en modo alguno, confianza en la infalibilidad del pueblo o de institución alguna. En democracia se cree y se duda, se afirma y se refuta.

Arremeter contra los órganos de la desconfianza es debilitar equilibrios esenciales.  Resulta preocupante el embate de la nueva política a esos órganos de la suspicacia. El cambio electoral de julio sería, a juicio de la nueva clase política, una instrucción a todos los órganos del poder para seguir la guía del presidente de la república y para abrazar su proyecto. ¿No se han dado cuenta de que el país ya cambió políticamente?, preguntan insistentemente. Insinúan que todos deben alinearse. Esta visión unitaria de la política desconoce el aporte de quienes no siguen instrucciones del votante. La máquina democrática exige que las piezas estén enfrentadas persiguiendo propósitos distintos, defendiendo intereses contradictorios. No lo entienden así los nuevos jerarcas. Para el presidente, los órganos autónomos no son más que burocracias privilegiadas, estorbos a la clara voluntad del pueblo. Gastos inútiles. A su juicio, estaríamos mejor sin ellos. Tiene razón, sin duda, cuando advierte excesos en salarios y prestaciones de sus titulares. Acierta al denunciar el gigantismo de algunos. Seguramente se pueden encontrar formas para adelgazarlas y hacer más eficiente su actuación. Pero se trata de órganos indispensables que nos proveen de información valiosa, que pueden activar alarmas necesarias, que pueden denunciar desviaciones peligrosas, que pueden corregir errores. Debilitar estos órganos que han aparecido en la última generación es perder reflejos para actuar, es arrancarnos ojos, amputarnos brazos. Insisto: hay espacio para la reforma, para la compactación de instituciones que crecieron desmedidamente. Pero no podemos darnos el lujo de vivir sin ellas.

La primera víctima de esa fobia contra las autonomías será, al parecer, el instituto de evaluación educativa. La propuesta de reforma, diseñada ostensiblemente para congraciarse con los sindicatos, entrega a los dueños de la representación otro obsequio: el cadáver de un órgano que, con independencia de la administración y del gremio, podía presentar reportes oficiales sobre los resultados de la política educativa. Si la funesta iniciativa de reforma constitucional propuesta es aprobada, habremos perdido, además de los mecanismos de mérito para la selección y promoción de los maestros, una instancia oficial confiable que nos permitía medirle el pulso a la educación. La oficina que se creará en sustitución de ese órgano estará supeditada a los cálculos y los intereses del poder. El feo nombre que se propone para designarla anticipa el sentido de sus trabajos: se trata de presentar estudios que ayuden a mejorar la autoestima de los trabajadores y a promover su imagen pública. Se entiende que nada que los ofenda merece salir a la luz. “Jamás otra campaña de desprestigio contra los maestros,” ha dicho enfáticamente el presidente. La instrucción con la que nace el instituto para la revalorización el magisterio es clara, ningún reporte, ningún estudio, ningún registro que vaya en contra de su prestigio. Y si aparece alguna información políticamente contraproducente, habrá, por supuesto, que callarla. Si se descubre una información amarga, a dulcificarla para no incomodar a nadie. Nada que lastime la sensibilidad de los maestros. Perdimos un instituto autónomo. Se nos ofrece, en remplazo, una agencia de publicidad de los sindicatos.

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