26, Ago 2013

La disyuntiva bárbara

No es claro que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación haya sido capaz de frenar la reforma educativa. Lo que es evidente es que ha sido capaz de imponer su ley en la Ciudad de México por tres días. Lo primero está por verse. Hay quien dice que el hecho de que no se discuta el dictamen sobre el servicio profesional docente, como se había previsto, es signo inequívoco de que el Congreso se doblegó ante la presión de la Coordinadora. Hay otros que dicen que esa reforma no se ha descarriado, simplemente se ha detenido para afianzar la amplitud de su consenso inicial y para atender críticas fundadas de los especialistas. Vale advertir que los impulsores de la reforma educativa no solamente enfrentan la presión de los maestros inconformes, sino también el deber de preservar la cohesión de la alianza política que permitió el cambio constitucional.

Está en suspenso, pues, el efecto legislativo de las movilizaciones magisteriales. De lo que no hay duda es de su impacto urbano. El Congreso pudo sesionar, pero no lo pudo hacer en su casa. Las protestas magisteriales bloquearon los accesos impidiendo que los legisladores entraran a su espacio natural. Los legisladores se refugiaron en un centro de convenciones y desde ahí sesionaron. El espectáculo es penoso: una legislatura arrimada, una representación que no puede trabajar en su domicilio y que se ve obligada a vivir en casa ajena. Si el Congreso necesita refugio es porque no hay Estado que lo proteja. Se ve obligado a  instalarse en espacios que desmerecen porque no encuentra el garante de sus recintos, el defensor de sus actividades. El gobierno de la Ciudad de México falta a su obligación de asegurar el acceso a los órganos legislativos de la Federación. Al gobierno capitalino corresponde, en efecto, cuidar que el descontento no impida el cumplimiento de las responsabilidades públicas. La libertad de manifestación no implica el derecho a clausurar el Congreso, el permiso para acallar a los poderes públicos. Pero el gobierno del Distrito Federal contempló, como un espectador más, la manera en que los manifestantes cercaban al Congreso para impedir que los legisladores legislaran—o por lo menos para impedirlo que lo hicieran en casa.

Mucho mayor indignación causaron los maestros cuando, en su propósito de desquiciar a la ciudad, bloquearon el aeropuerto de la Ciudad de México. Nuevamente, los policías de la capital observaron mientras los manifestantes lograban su objetivo. Durante más de 10 horas, los maestros de la CNTE sitiaron la terminal Benito Juárez. La intervención policiaca fue incapaz de anticipar la ofensiva y garantizar el derecho de tránsito de los habitantes de la ciudad.

Encarando el repudio por su inacción, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal advirtió: hay caos pero no hubo sangre. No es fácil descifrar el lenguaje burocrático del alcalde de la Ciudad de México pero parece que eso es lo que dice al declarar lo siguiente: “Cuando tienes aquí a 20 mil personas que están en una posición donde se puede dar un enfrentamiento, la consecuencia de la contención de esas personas, puede ser lo que nadie desea, que yo reitero es el derramamiento de sangre.” Para el alcalde, el costo de la paz es el caos. Esa es la disyuntiva bárbara que nos ofrece Miguel Ángel Mancera: caos o represión. No se quejen: una ciudad caótica es mejor que una ciudad ensangrentada.

Mancera niega a sus propias fuerzas la capacidad de aplicar la ley legalmente. En sus declaraciones (y en su acción) el alcalde se confiesa persuadido de que la actuación policiaca en el Distrito Federal sería indefectiblemente abusiva en casos como éste. El alcalde cree de que una intervención de la fuerza pública inevitablemente conduciría al escalamiento del conflicto e implicaría derramamiento de sangre. Tal parece que el antiguo procurador admite que las fuerzas capitalinas carecen de la conducción, el entrenamiento, el equipo, las reglas de procedimiento necesarios para cumplir con su obligación de preservar el orden público en la ciudad. La disyuntiva que presenta Miguel Ángel Mancera para la ciudad es inaceptable: no tenemos por qué escoger entre el caos y la represión. A su gobierno le corresponde el deber de garantizar el ejercicio de los derechos también en casos de extrema tensión. Le corresponde también equiparse física, profesional y jurídicamente para actuar legítimamente, respetando los derechos. Al gobierno capitalino—y a cualquier otro—le corresponde aplicar la ley (y en ocasiones eso significa hacer uso de la fuerza pública). Es una barbaridad pensar que la aplicación de la ley implica provocar a la muerte.

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