28, Jul 2020

La tarea de la Fiscalía

La fiscalía federal tiene una responsabilidad enorme en la conducción del proceso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos. Las acusaciones tocan el núcleo del viejo poder. La manera de competir en elecciones; el uso de los recursos públicos y el modo de lidiar con las oposiciones. Dinero ilegal para financiar una campaña; recursos públicos para beneficio privado y, de acuerdo a la revelación reciente, compra de votos en el Congreso. Corrupción electoral, administrativa y política. Sucio el acceso al poder, sucia la gestión pública, sucio el trato con los legisladores. No es fácil encontrar un caso semejante en la historia reciente. No solamente por la gravedad de los cargos y la vastedad de su impacto, sino también por la disposición del acusado para colaborar con la fiscalía y aportar elementos que muestren la red de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. La oportunidad es extraordinaria. Los riesgos también son enormes: la investigación puede pervertirse políticamente, puede ensuciarse con revelaciones indebidas, puede usarse más para el estigma genérico del pasado que para la severa aplicación de la ley. El país merece una investigación y un proceso ejemplares.

La lucha contra la corrupción, bandera fundamental del gobierno de López Obrador, tiene en este caso su prueba definitiva. Esa política no puede quedar en la prédica cotidiana del presidente ni en sus invitaciones a portarnos bien. La lucha contra la corrupción no avanza con parábolas y sermones. No camina con soplos y filtraciones a conveniencia del poder. La lucha contra la corrupción necesita verdad y castigos. ¿Marcará el caso del antiguo director de PEMEX un cambio histórico?

Me parece promisorio, por una parte, que el caso de Lozoya permita terminar con las purgas que se convirtieron casi en un rito de inauguración presidencial. Cazar a una figura relevante para mostrar determinación política, pero detenerse en el símbolo sin abordar el complejo arraigo de la corrupción. El caso que tenemos en frente anuncia otra cosa. Mi cliente no se mandaba solo, decía el abogado que lo representó hasta hace poco. No es absurdo anticipar por ello que las acusaciones desemboquen tarde o temprano en el expresidente de la república y alguno de sus colaboradores más cercanos. Lo importante del caso es que puede ser el hilo que descubre y prueba la intrincada madeja de corrupción. Romper el tabú de la presidencia intocable, terminar el cuento del pillo solitario sería, sin duda, un cambio histórico para México. A la Fiscalía le corresponde fundar una acusación sólida que explore todas las conexiones y complicidades del caso.

Por otra parte, hay también elementos inquietantes en la manera en que se ha conducido el proceso. Poca transparencia, filtraciones, comentarios indebidos del presidente de la república. Las filtraciones que han trascendido parecen la redacción de un libreto por encargo. Un golpe dirigido a los enemigos del anfitrión que recibe generosamente a un invitado. Habrá que ver si aparecen efectivamente pruebas de las acusaciones que se han hecho públicas, pero hasta el momento, resultan, por decir lo menos, extrañas. Me llama la atención, por ejemplo, que los legisladores del partido “verde”, esos cínicos que han bailado siempre al compás del ganador y que ahora son aliados del gobierno, no son acusados por el delator de ninguna conducta impropia en las negociaciones del pacto por México y que el golpe de las filtraciones se dirija casi en exclusiva a los enemigos sobrevivientes: el PAN de ayer y de antier.

La captura de un funcionario no es justicia Tampoco lo son la nube de acusaciones y filtraciones que hemos conocidos en las últimas horas. Todo eso puede ser buena munición política. Para el gobierno es una bolsa de oxígeno ante la catástrofe sanitaria, económica y de seguridad que enfrentamos. Un arsenal invaluable para la batalla electoral que está a la vuelta de la esquina. Para las oposiciones, si es que todavía puede hablarse de que existen, es un nuevo golpe a su imagen pública. Pero más allá del uso político del caso, es necesario exigir un proceso irreprochable que llegue al fondo de la cuestión: que nos acerque a la verdad y que castigue a los abusivos. No se necesita ninguna consulta para exigir que la ley se aplique a todos por igual.

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