23 Dic, 2019

23, Dic 2019

La trampa del clericalismo

Una senadora de Morena ha presentado una iniciativa que pretende terminar con los principios básicos del Estado laico. La propuesta invita a los predicadores a las instituciones públicas. Se pretende poner fin a la separación. De manera enfática, el presidente se ha distanciado de la propuesta. Es bueno saber que no es una iniciativa presidencial y que no cuenta con su apoyo. Sin embargo, no creo que sea posible rehuir la responsabilidad que tiene el presidente en la confusión que ha servido de fermento a la propuesta. A decir verdad, la legisladora no hace más que poner en norma lo que el presidente predica cotidianamente. Al él debemos la utilización del discurso religioso en la deliberación democrática, la convocatoria a los predicadores en eventos gubernamentales, el uso político de un relato abiertamente piadoso. Usar la fe, agitar los símbolos religiosos, aliarse con pastores para promover causas políticas. Lo que en Vicente Fox era una frivolidad, en López Obrador es una convicción sellada en el mismísimo nombre de su partido.

La Biblia ha vuelto a ser plataforma de legitimación del poder. López Obrador la invoca constantemente como si ese libro fuera, para México, esa plataforma común que solamente puede ser la Constitución. El presidente habla de los pecados y pide respetar los “mandamientos,” como si todos los mexicanos debiéramos creer en el sentido de aquéllos y en obligatoriedad de éstos. La religión marca toda la acción política de López Obrador. Desde la política social a la que describe como muy cristiana y hasta la política exterior, cuyo miramiento al gobierno del Trump se basa en la certeza de que Estados Unidos es una nación cristiana y, por lo tanto, muy buena y confiable. Si la fuente de sus convicciones personales es cristiana, el dirigente de una república secular tiene el deber de traducir esa persuasión al lenguaje cívico. Al Estado no le compete la lucha contra el pecado, ni la aplicación de un texto que algunos consideren sagrado. Pero la presidencia no solamente corroe al Estado laico con la religiosidad de su discurso. También lo vulnera con su práctica. La prédica de redención del gobierno, esa matraca del “bienestar del alma” que agita todos los días encuentra en los grupos religiosos a un aliado. Por eso cree aceptable trazar colaboración con ellos. El presidente está convencido de que la “ayuda” de las iglesias debe ser bienvenida porque contribuye a la promoción de valores. Irrelevante le parece que esas agrupaciones devocionales sean irradiaciones de misoginia y homofobia, que sean promotores de las supersticiones más absurdas, que respalden los hábitos más arcaicos. Son aliados de su proyecto y por lo tanto reciben el apoyo de su gobierno. Lo han reconocido así los propios beneficiarios de este nuevo clericalismo. Arturo Farela, el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, un personaje a quien bien podríamos considerar como el pastor del régimen, celebra la colaboración con el gobierno porque permite su expansión. Gracias a su labor como promotores de la Cartilla moral, tendrán, como reconoce quien se declara consejero espiritual del presidente, la “oportunidad maravillosa” de instruir la “palabra de Dios.”

El antijuarismo del nuevo gobierno es innegable. Nada más contrario al ánimo de aquel liberalismo que las peroratas de los predicadores en los eventos oficiales. Podrá ponerse el rostro de Juárez en los telones de la propaganda oficial, podrá citársele mil veces y no se borrará la mancha: las tribunas, los recursos y las estructuras del poder público bajo este gobierno se han puesto al servicio de organizaciones religiosas.

El ataque al estado laico se funda en una confusión capital. Creer que laicidad se reduce a la libertad religiosa. El estado laico no es aquel que permite la diversidad religiosa, el que abre espacio para diversas creencias Esa es la trampa del nuevo clericalismo: promover como causa de la libertad lo que es, en realidad, una traición al Estado laico. El Estado laico es un orden que rechaza activamente la fundamentación religiosa del poder. Por eso ha de fundarse exclusivamente en el lenguaje y el simbolismo civil. No está en peligro la libertad religiosa, pero el discurso, las alianzas y las decisiones del presidente sí ponen en riesgo al Estado laico.

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