14, Abr 2010

Paulo Flores D’Arcais sobre el Vaticano y la pedofilia

Paulo Flores D'Arcais, autor de El desafío oscurantista, escribe hoy en El país sobre la responsabilidad de Wojtyla y Ratzinger en el encubrimiento de la pederastia dentro de la iglesia. Rescata la Instrucción de 1974 que reglamenta el Secreto Pontificio. Cardenales, obispos, prelados superiores, oficiales mayores y menores, consultores y el personal de rango inferior deben guardar secreto sobre, entre otras cosas, la pedofilia eclesiástica.

Ratzinger pretendieron e impusieron que los crímenes de pedofilia fueran tratados exclusivamente como pecados, en vez de como delitos, o a lo más como "delitos" de Derecho Canónico. Si el actual Pontífice ha entendido de verdad el alcance de la "suciedad" y la necesidad de combatirla puede demostrarlo de un modo muy sencillo: derogando inmediatamente con un "Motu proprio" las tristemente célebres "Instrucciones" que apelan al "secreto pontificio" y sustituyéndolas con la obligación de denunciar inmediatamente ante las autoridades judiciales cualquier caso.

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Un comentario

  1. El lector asiduo dice:

    Una observación. Reproduzco primero las palabras finales del artículo de Flores d’Arcais: «Tras la redacción de este artículo, la oficina de prensa vaticana ha dado a conocer que desde el año 2003 existen nuevos procedimientos operativos, nunca hechos públicos y atribuibles al entonces cardenal Ratzinger, que se resumen en un texto de «líneas maestras» colgado en la página web de la Santa Sede, según el cual «siempre debe seguirse la ley civil en lo que atañe a la denuncia de los delitos ante las autoridades apropiadas». Estas «líneas maestras» son el texto más extravagante que ha producido nunca la Santa Sede. Texto anónimo y carente de fecha […] Si ese documento hubiera estado realmente operativo, la verdadera noticia sería que desde hace siete años todos los obispos del mundo desobedecen al Papa y a su Prefecto para la Congregación de la Defensa de la Fe. Una revelación digna del Premio Pulitzer.”
    Tengo buenas noticias para el señor Flores d’Arcais: es relativamente sencillo conseguir la información que necesita para ganarse el premio Pulitzer.
    El documento publicado por la oficina de prensa vaticana no es un decreto, sino una exposición sintética de normas vigentes en el derecho canónico. Su intención es meramente informativa. Ciertamente, un grave error de muchas diócesis ha sido el de no informar adecuadamente sobre los procedimientos y reglas vigentes para lidiar con abusos clericales. Pero eso no significa que no existan, o que los procedimientos canónicos sean un laberinto de secretos ocultos en los archivos vaticanos, al estilo del Código da Vinci. Asimismo (y esto no debería ser necesario repetirlo), es importante recordar que la legislación canónica sólo se refiere a la vida interna de la Iglesia. Si sólo se habla de pecados y delitos canónicos, es porque la calificación y persecución de un “delito civil” (me refiero a los delitos tipificados en la legislación penal de cada país) es una tarea que compete exclusivamente a las autoridades estatales.
    Es totalmente cierto que en muchísimos casos de abuso, las autoridades diocesanas hicieron todo lo posible para evitar que las denuncias llegaran a oídos de las autoridades civiles. Por lo general, esto se debió al miedo de un escándalo público, más que a una interpretación equivocada de las instrucciones de 1962 y 1974 sobre delitos graves y secreto pontificio. Esto salió a la luz durante las investigaciones conducidas a raíz de los escándalos de 2001-2002 en Estados Unidos. En respuesta, la conferencia episcopal de Estados Unidos, con la aprobación y asistencia de la CDF, promulgó un decreto conocido como “Carta para la protección de niños y jóvenes”, en el que, con fundamento en las leyes generales de la Iglesia, claramente se enuncian las medidas a seguir en caso de una denuncia de abusos, incluyendo el deber de cooperar con las autoridades civiles competentes. Cito literalmente:
    “11. The diocese/eparchy will comply with all applicable civil laws with respect to the reporting of allegations of sexual abuse of minors to civil authorities and will cooperate in their investigation. In every instance, the diocese/eparchy will advise and support a person’s right to make a report to public authorities”.
    El documento completo puede consultarse en la siguiente dirección:
    http://www.usccb.org/ocyp/charter.pdf
    Y más información puede consultarse en:
    http://www.usccb.org/ocyp/april_cap_month_2010.shtml
    En cumplimiento de estas disposiciones, la mayoría de las diócesis ha puesto un mayor cuidado en difundir los medios con que cuenta la víctima de un abuso clerical. Véase, por ejemplo, la página de la diócesis de Galveston-Houston:
    http://www.diogh.org/SafeEnvironment/pdf/Archdiocesan%20Reporting%20Policy%20_Spanish_.pdf
    El “motu proprio” que pide Flores d’Arcais sale sobrando entonces. Si se revisan con atención las directrices y normas vigentes, hay material suficiente para concluir que no existen obstáculos canónicos para una mejor protección de los fieles. Ciertamente, la iniciativa no sólo puede provenir del Vaticano: es necesario un mayor compromiso de las conferencias episcopales de cada país. En México, por desgracia, la Iglesia Católica se ha caracterizado por su opacidad y su escasa inteligencia a la hora de enfrentar este tipo de problemas y dirigirse a la opinión pública. Ojalá y la crisis actual sirva de incentivo para adoptar medidas como las arriba citadas.
    Afectuosamente,
    El lector

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