19, Mar 2012

El castigo y la civilización

Los gobernantes no eligen sus crisis. No suelen tener la libertad para definir sus problemas, para optar de entre una baraja de dificultades, la que mejor se acomoda a sus aptitudes o sus proyectos. Su margen está en la estrategia para encarar la emergencia involuntaria que les estalla en las manos. Su juicio reside en la manera de encarar la urgencia. Detrás de cada apuro hay un engaño y una oportunidad. El engaño es creer que la crisis es lo visible y que el éxito es el aplauso; la oportunidad es advertir sus causas subterráneas y aprovechar la conmoción para resolver los problemas más añejos.

Es difícil hablar de la crisis de seguridad como una oportunidad histórica, pero lo es. No hay forma de exagerar el costo de esta ola de sangre: el dolor que ha provocado en todo el país, los costos humanos y económicos, el peligro político, las secuelas familiares de tanta muerte. Pero, en efecto, la crisis exhibe con extraordinario dramatismo, una ausencia secular, una carencia antigua y gravosa: un orden estatal capaz de garantizar paz y, al mismo tiempo, seguir sus reglas. Ese es el núcleo del argumento del ministro Zaldívar al tratar el caso de Florence Cassez: el deber del Estado de castigar a los delincuentes sólo puede justificarse cuando el poder público respeta cabalmente los derechos humanos. La gravedad de los delitos, la perversidad de los criminales no exime a los representantes del Estado de cuidar escrupulosamente las formas legales, esos rigores a los que Benjamin Constant no dudó en considerar sagrados pues de ellos dependía la convivencia. Divinidades tutelares, las llamaba, porque sin su protección, nos avasallaría la arbitrariedad.

El proyecto del ministro Zaldivar puede leerse como el argumento jurídico que, al demostrar las graves irregularidades en un proceso penal, pide la liberación inmediata de una acusada. La actuación de un juez que pondera de modo distinto las mismas reglas y los mismos argumentos. Las gravísimas irregularidades del caso han sido exhibidas en trabajos periodísticos como el de Guillermo Osorno o Héctor de Mauleón, pero no habían encontrado el tratamiento legal que merecen. Los enredos del caso impiden conocer la verdad. Lo que sí puede documentarse fuera de toda duda es el abuso: la actuación de un poder dedicado a cautivar a la opinión pública antes que a probar su acusación ante los jueces. Como bien demuestra el estudio del ministro de la Suprema Corte de Justicia, la policía federal escenificó una captura para las cámaras. Pero el teatro no fue un entretenimiento inocente: la “escenificación fuera de la realidad” pervirtió irreversiblemente el proceso. No solamente se vulneró el principio de presunción de inocencia sino que tuvo un “efecto corruptor” en el juicio, viciando toda la evidencia incriminatoria.

Que el caso haya sido un proceso tan mediático es parte de su perversión. Desde el inicio, la televisión y la prensa fueron protagonistas—no testigos–del proceso. Pero la relevancia del caso trasciende el revuelo periodístico y diplomático que ha generado. El caso es emblemático. En el proyecto que este miércoles discutirá la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se lee un argumento que no puede trivializarse como pretenden los críticos del ministro Zaldivar. La crisis de seguridad puede llevarnos a creer en los atajos de la ilegalidad, en las ventajas de una arbitrariedad justiciera. El miedo puede hacernos pensar que los procedimientos y las formas son legalismos de los que se sirven los delincuentes para escapar de la justicia con la ayuda de un abogado. Como sostiene el proyecto a discusión, el proceso penal con todos sus rigores es el único medio civilizado para perseguir y reprimir a los delincuentes.

El proyecto se cuida de no cuestionar a los medios de comunicación que difundieron el montaje de la Policía Federal y aceptaron acríticamente la versión gubernamental. El proyecto no quiere aparecer como censor e insiste que fueron representantes del Estado quienes cometieron los excesos. Sin embargo, del proyecto se desprende que el abuso encuentra complicidad en la glotonería de los medios, dispuestos a condenar velozmente. El proyecto asigna tarea al gobierno y también a la prensa.

Podría pensarse que la crisis que vivimos no es buen momento para preocuparse en los derechos. Se dirá que no estamos para cuidar a los malos y que, frente a tanta inseguridad, no se puede ser tan escrupuloso. Creo en lo contrario. Precisamente hoy que padecemos la violencia, la crueldad, la barbarie de los criminales, debemos afirmar los derechos de todos y los deberes del Estado. Lo único peor a la violencia que padecemos sería que, a la violencia de los delincuentes, sumemos la venganza arbitraria del poder público. La crisis de seguridad nos reta: podemos continuar la herencia de ilegalidad o inaugurar la vía de la ley para perseguir el delito.

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9 Comentarios

  1. Manuel García Rendón dice:

    Un destacado abogado y ex Procurador de California sostiene, con razón, que es una necedad exigir a los fiscales que presuman inocente al acusado porque si lo hicieran no podrian acusarlo de culpable. En otras palabras, lo que dice el ex Procurador es que PARA LOS FISCALES el acusado es presunto culpable.
    Y digo que tiene razon por las siguientes razones: porque en Derecho existen dos tipos de presunciones legales:
    1) las presunciones iuris et de iure que son de pleno derecho y que, por serlo, NO ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO, y
    2) las presunciones iuris tantum que, por NO ser de pleno derecho, ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO.
    Obviamnente, la presuncion de inocencia NO ES una presuncion iuris et de iure pues, si lo fuera, no se admitirían en juicio las pruebas de culpabilidad del acusado. Por consiguiente, la presuncion de inocencia del acusado es una presuncion iuris tantum que NO surte efectos frente a los fiscales pues, si los surtiera, no podrian acusarlo de culpable.
    En cambio, la presuncion de inocencia SI surte efectos FRENTE A LOS JUECES Y LOS JURADOS que estan obligados a presumir inocente al acusado a menos que los fiscales prueben mas alla de toda duda razonable su culpabilidad.
    Ojala esto sea entendido por quienes exigen la libertad de Florence Cassez alegando que la AFI violo su derecho a ser presumida inocente y, en consecuencia, violo el debido proceso legal, al hacer publico el montaje mediatico de su detencion; montaje que como es sabido, no fue ofrecido como prueba en el juicio ni fue tomado en cuenta por el juez para condenarla.
    Y ojala tambien entiendan lo que sabe el mas bisoño de los jueces: que la prueba testimonial, especialmente la de las victimas de los delitos, es la prueba mas difícil de valorar debido a las temores, omisiones, contradicciones y aun exageraciones en que normalmente incurren los testigos, por cuya razon los jueces penales tienen la facultad y el deber de examinarlos

  2. Julián J dice:

    ¡Benjamin Constant! Mejor escoge otras autoridades. El suizo fue un reaccionario puro, aunque camuflado de demócrata, muy desconfiado del poder de las mayorías y la soberanía popular.

  3. Carlos Curiel dice:

    Excelente artículo.
    Comparto plenamente lo que en él se expone.
    Hago votos por que el proyecto del ministro Zaldívar sea aprobado, por el bien de la justicia y la nación.

  4. FMGARZAM dice:

    ¡Fricassez de mugrero!
    A este paísito todo lo francés y lo afrancesado siempre le ha salido mal.
    Por eso en la ficción si hay justicia, usualmente el que la hace la paga y, en el
    extremo, en uno que otro programa de Ley y Orden, el afectado termina matando a quien cometió el delito y se evade por subterfugios.

  5. Gerardo Duque dice:

    Ahora resulta que la honorabilidad de todo el sistema de justicia depende de lo que suceda con una francesa, porque se asume que el mundo nos observa. La premisa que no comparto es que ya es imposible llegar a la verdad de lo que sucedió. Por supuesto que ahí está la verdad, ¿o no importan los testimonios de las víctimas?
    Así como es clara la politización del caso por parte de Sarkozy, también es clara nuestra inseguridad ante presiones extranjeras. Es posible ajustar la sentencia, sin desechar todo por tecnicismos. No caigamos en maniqueísmos.

  6. Inocencio Reyes Ruiz dice:

    Hace 480 años la instrucción, el juicio y la sentencia a Tomás Moro fueron más legales que los de Florence Cassez. En los extremos del sistema penal mexicano se encuentran dos bochornosos atrasos: el policía y el juicio. El policía procede sin escrúpulo legal y el juicio simplemente no existe. Al sentenciado en México le ocurre lo mismo que a Constant, que a la pregunta de Madame de Staël sobre qué necesitaba para ser feliz, respondía que lo único que necesitaba para ser feliz era su libertad, precisamente lo único que no se le podía conceder. Y entonces Constant recuerda la historia de un verdugo que le dice al condenado a muerte: «Pídame lo que quiera, salvo la vida». El policía mexicano «investiga» y detiene a una persona. «Pídanme lo que quieran -dice-, salvo considerar al detenido como una persona».

  7. José Angel Yanes Shaw dice:

    Para mí la pregunta medular es si después de NO haber seguido el debido proceso legal en el affaire Cassez, ¿podemos estar realmente seguros de su culpabilidad en los términos en que ha sido condenada?

  8. Agzamudio dice:

    Asiste pronto la razón en relación al argumento político (que no legal) del ministro Zaldivar. Remontándonos al caso de la Guardería ABC, Zaldivar es coherente y consistente con la necesidad de generar responsabilidad política y legal en el accionar de las autoridades administrativas. Ello lo replica en el affaire Cassez.
    En contrapartida, es claro el argumento que expone Manuel García Rendón, en la fase acusatoria no es posible, por simple congruencia mental, acusar a quien se presume inocente; para ello deberíamos contar con una forma acusatoria del tipo: «Señor juez, presento ante usted a «fulano» para que lo procese por el delito de «x», lo presumo inocente, sin embargo, como «perengano» lo vió, «sultano» lo escuchó y el mismo lo confensó, la ley me obliga a presentárselo». Esa forma resulta incoherente al más básico proceso racional. Presunción es sinónimo de creencia, inferencia, deducción, confianza en, ¿como puedo acusarte se creo o deduzco, si tengo confianza en que eres inocente?, la forma no aplica para la fase acusatoria del proceso penal. Te acuso con el juez porque te creo, por que deduzco, por que infiero que eres presunto responsable de haber cometido «x» ilícito. Aquí Zaldivar se equivoca.
    No le falta razón a Gerardo Duque: «es clara nuestra inseguridad (colectiva) ante presiones extranjeras. Es posible ajustar la sentencia, sin desechar todo por tecnicismos. No caigamos en maniqueísmos.»

  9. H dice:

    Si las autoridades cometen violaciones a la ley, muchos parecen pensar que es aceptable, mientras se tenga a un culpable y se le castigue. El gran riesgo de esa posicion es que el culpable no lo sea.
    Aun si el culpable si lo fuera, la violacion legal que la autoridad cometa podria ser de gravedad tal que el proceso estaria arruinado. Pues no tendria coherencia que la autoridad violara la ley para hacerla cumplir.
    En el caso de Cassez, la policia y el ministerio publico cometieron varias irregularidades y en el juicio entraron elementos de calidad dudosa o mala. Creo que, por la limpieza del sistema de justicia nacional, deberiamos dar la maxima importancia a la legalidad, el debido proceso y la calidad de las pruebas. Si los casos solo dependen de testigos (y estos pueden ser comprados, vendidos, convencidos, confundidos, etc.) y el juicio se lleva por escrito (donde los jueces se dedican a hacer copy-paste de lo que les envian), pues eso permite graves debilidades graves en los casos, creo.

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